Este martes se abrió un nuevo expediente contra el canal de noticias venezolano Globovisión, de abierta línea crítica al gobierno, por presuntamente contribuir o permitir que se cometiera un delito con la emisión de ciertos contenidos en su programación.

BBC

Se trata de una averiguación administrativa, pero con un ingrediente penal: la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel) abrió el caso pero lo declaró suspendido, hasta que la fiscalía determine si el canal incurrió en un hecho punible contemplado en el artículo 171 de la Ley de Telecomunicaciones.

Este artículo sanciona a los medios radioeléctricos que "utilicen o permitan el uso de servicios de telecomunicaciones (...) para coadyuvar en la comisión de delitos".

Si la fiscalía llega a esa conclusión, Conatel reanudará el trámite administrativo. Al final del proceso podría revocarle al canal el permiso o concesión para transmitir.

"Hay elementos suficientes que permiten presumir que la empresa podría estar incursa en la infracción de ese artículo", declaró Roselyn Daher, del departamento jurídico de Conatel, en entrevista con la televisora oficial, Venezolana de Televisión.

Las autoridades no han especificado qué contenidos del canal serán examinados por la fiscalía.

Se trata del episodio más reciente de un enfrentamiento de larga data entre el gobierno de Hugo Chávez y el canal de noticias.

Chávez ha calificado a Globovisión de mentiroso, conspirador y terrorista, mientras que el canal se considera objetivo de una política gubernamental que busca acallar la disidencia y tomar el control absoluto los medios de comunicación.

Por otro lado, Globovisión informó que la oficina de administración de impuestos, el Seniat, duplicó la multa de US$2,32 millones que le había impuesto por no declarar como donaciones unos espacios cedidos a organizaciones civiles para transmitir mensajes institucionales durante el paro petrolero de 2002-2003.

Cuando los representantes de Globovisión acudieron al Seniat para solicitar planillas para efectuar el pago, el organismo le notificó que ajustó la multa a un incremento de la unidad tributaria, por lo que ahora deberá pagar US$4,18 millones.

Esto ocurrió minutos después de que representantes de organizaciones políticas y civiles acudieran a una sucursal bancaria para depositar lo recaudado en la zona de Caracas el fin de semana, en una colecta pública bautizada el "Globopotazo", cuyo objeto era contribuir al pago de esa multa.

Todavía no se ha informado cuánto dinero se recogió durante esa actividad.

El director del canal, Alberto Federico Ravell, dijo que el "Globopotazo le dio en la madre al gobierno" y señaló que cada vez más dejaba más claro que la intención es cerrar el canal.

VUELTAS LEGALES

La consultora jurídica del canal, Ana Cristina Núñez, dijo que en la notificación del nuevo procedimiento administrativo -el cuarto desde el año pasado- no se especifican los espacios y contenidos cuestionados por las autoridades, lo cual dificulta ejercer una defensa.

Sin embargo, mencionó la transmisión de una entrevista en un programa vespertino, "Aló, Ciudadano", en la que el editor del diario El Nuevo País, Rafael Poleo, afirmó que el presidente Hugo Chávez va a terminar como Benito Mussolini.

"Se consideraron distintos mensajes difundidos a lo largo de su programación, específicamente se hace referencia a programas como 'Aló, Ciudadano', 'Noticias Globovisión' (...) Se han monitoreado las transmisiones y se han determinado situaciones que presuntamente estarían infringiendo el ordenamiento jurídico", explicó, por su parte, la representante de Conatel, Roselyn Daher.

Daher indicó tener conocimiento de que la fiscalía ya está investigando los hechos señalados.

Para el abogado penalista Gonzalo Himiob, profesor universitario y miembro de las organizaciones no gubernamentales Foro Penal Venezolano y Vive (que representa a familiares de algunas de las víctimas del golpe del 11 de abril de 2002), el camino legal es largo e incierto.

Himiob le explicó a BBC Mundo que en Venezuela existen muy pocas leyes que permiten declarar la responsabilidad de una persona jurídica, es decir, de una empresa, como es el caso de Globovisión.

La Ley de Telecomunicaciones, indicó, no es una de ellas. Por eso, primero tendría que demostrarse que una persona natural cometió delito, a través de sentencia firme de los tribunales; luego, que lo hizo a través de una empresa de telecomunicaciones, y por último que hubo un vínculo de intencionalidad entre la persona y los directivos y empleados de esa empresa de medios, es decir, que directivos y empleados estuvieron de acuerdo con el hecho.

"Es entonces cuando se puede abrir un procedimiento administrativo encaminado a sancionar al canal. Pero en este caso se están saltando los pasos: están suponiendo que los tribunales van a encontrar una responsabilidad penal. Mientras tanto, dicen que le dejan el expediente por ahí guardadito", señaló.

VÍAS ALTERNAS

Interrogado sobre si el procedimiento a través de los tribunales no implica un trabajo de meses, si no de años, el abogado indicó que eso indica la experiencia, pero que las autoridades podrían encontrar todavía una vía expedita.

"Lo que creo es que eso se va a materializar de alguna forma en el futuro próximo y quizás a través de una medida cautelar (como un cierre preventivo del canal), o algo parecido", indicó.

Por otra parte, criticó el incremento de la multa a Globovisión, sobre la base de que los montos ya habían sido establecidos en una decisión inapelable.

"Eso es una barbaridad jurídica. Es una demostración de que ciertamente lo que hay es un ensañamiento", señaló.

En la Asamblea Nacional, diputados de gobierno y oposición defendieron y criticaron los procedimientos administrativos y legales contra Globovisión.
El diputado oficialista Mario Isea pidió que se hiciera justicia, al tiempo que calificó a Globovisión de partido político o líder de todos los partidos políticos de oposición.

"Apoyamos las decisiones impuestas por los organismos correspondientes siguiendo los procedimientos de legítima defensa de las personas involucradas. Es un estado de derecho lo que hay aquí y celebramos que se ataque la impunidad", dijo por su lado la presidenta de la Asamblea, Cilia Flores.

Recientemente, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación, Manuel Villalba, le dijo a BBC Mundo que Globovisión se hace "la victima, cuando ha sido un medio de comunicación enfermizo que violenta la normativa legal, acude a la mentira, tergiversa la verdad, busca desestabilizar el gobierno y provocar situaciones de violencia".