Periodista - Desde Río de Janeiro

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidió que ya nada será igual tras sus dos mandatos en el Brasil, campeón de las desigualdades sociales.

Luego de casi ocho años en el poder, Lula determinó convertir en ley todos los planes sociales con los que logró transformar buena parte de la pobreza en su país, una de las banderas históricas de su Partido de los Trabajadores.

“Con la consolidación de las leyes sociales estará garantizado que independientemente del pensamiento de los futuros gobiernos, Brasil seguirá caminando en el sentido de eliminar el hambre y erradicar la pobreza”, explicó el mandatario al anunciar su decisión de transformar en ley los programas sociales implementados no sólo por su gobierno desde enero de 2003, sino a todos los creados desde la Constitución de 1988.

Así, quien asuma el gobierno el primer día de 2011, deberá dar continuidad a las políticas sociales, creadas por decretos o medidas provisorias –y, en poco tiempo, leyes– del actual gobierno. Que no son pocas. Y que han disminuido la pobreza extrema de unos 11,4 millones de hogares, equivalentes a unos 44 millones de brasileños.

El alma máter de la política social de Lula es el plan Bolsa Familia que integra la estrategia del primero y más famoso plan petista: Fome Zero (Hambre Cero), creado para garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada; contribuir a la erradicación de la extrema pobreza y a la conquista de la ciudadanía a la población más vulnerable.

A través del Bolsa Familia, el programa más ambicioso de transferencia de renta directa en la historia de Brasil, el gobierno federal concede cada mes beneficios en dinero a las familias más pobres (con renta mensual por persona de 70 a 140 reales –unos 40 y 80 dólares–) y extrema pobreza (con renta mensual por persona de hasta 70 reales) y el acceso a derechos sociales básicos: salud, alimentación y educación, entre otros.


El Bolsa Familia unificó todos los beneficios sociales –Bolsa Escuela, Hambre Cero, Bolsa Alimentación, Tikets de alimentación, Luz Para Todos, Auxilio Gas–, en un único programa, para proporcionar más agilidad en la liberación del dinero a quienes lo necesitan, y redujo así la burocracia, además de facilitar la fiscalización de recursos y dar transparencia al programa.

A quienes critican esta política social como “asistencialismo que no contribuye al desarrollo”, el Gobierno no se cansa de reiterar que el desembolso de las ayudas a los más pobres está sometido a condiciones estrictas: las familias beneficiadas deben demostrar que envían a sus hijos menores de 18 a la escuela; presentar las libretas de vacunación de los mismos al día y asistir al médico para el control de los embarazos.

Quien no cumple con esas condiciones, o las deja de cumplir, no puede acceder al Bolsa Familia.

Este año Lula fue por más y determinó un aumento del 10% para los planes sociales, lo que incrementó en 200 millones de dólares el presupuesto nacional. La medida provocó la ira de la oposición que la consideró como “electoralista”, en vistas a los comicios presidenciales en octubre de 2010.


La respuesta del presidente brasileño no se hizo esperar. “Hay gente tan imbécil, tan ignorante, que todavía sigue diciendo que los planes sociales son para personas perezosas porque quien recibe el beneficio no quiere trabajar”, destacó.

Y por si quedara alguna duda, Lula agregó: “No me voy a ofender más con esas cosas, dicen que el Bolsa Familia es asistencialismo, demagogia y muchas cosas más, pero esas personas creen y creyeron siempre que una persona vive en una casa precaria, en una favela, porque quiere, y que no trabaja o no estudia porque no quiere.

Los ignorantes no saben que Brasil está dividido entre los que tuvieron oportunidades y los que no”.