Una niña de nueve años embarazada de mellizos, presuntamente por haber sido violada por su padrastro, se sometió a un aborto el miércoles pese a las protestas de la Iglesia Católica.

Aunque el aborto es ilegal en Brasil, un juez puede ordenarlo si la vida de la madre corre peligro o el feto no tiene posibilidades de sobrevivir.atima Maia, directora del hospital universitario donde se realizó el aborto, dijo que el embarazo significaba un grave peligro para una niña que pesaba apenas 36 kilos.

"Es muy menida. Su útero no tiene capacidad para contener un niño, ni que hablar de dos", dijo Maia al diario Jornal do Brasil.

Pero Marcio Miranda, abogado de la arquidiócesis de Olinda y Recife en el noreste de Brasil, dijo que la niña debió llevar el embarazo a término y dar a luz por medio de cesárea.

"Es la ley de Dios: no matarás. Lo consideramos un asesinato", dijo Miranda al diario O Globo.

Miranda no respondió a los pedidos de declaraciones.

Brasil es el país de mayor población católica del mundo.

La lucha por el matrimonio homosexual en California vuelve a la Corte Suprema estatal este jueves, casi un año después de que un histórico fallo permitiera la boda de unas 18.000 parejas que quedaron en limbo legal tras la aprobación de una iniciativa en contra.

En el último episodio de una saga legal que lleva años en este estado, un grupo de abogados pedirá a la Corte Suprema de California que invalide el referéndum aprobado el 4 de noviembre, que definió el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y que fue aprobado por 52% del electorado.

Horas antes del inicio de este nuevo capítulo en la batalla por la igualdad del derecho al matrimonio, grupos defensores de la comunidad homosexual, lesbiana, transexual de todo el país convocaron el miércoles en la noche actos de vigilia, marchas y manifestaciones para abogar por una causa que enmarcaron como un asunto de derechos civiles.

Los opositores citan la Biblia y argumentan que los votantes dijeron lo que deseaban cuando votaron en noviembre por la medida conocida como "Proposición 8", que establece que California sólo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer.

La aprobación popular de la "Proposición 8" paralizó la realización de matrimonios homosexuales y dejó en el limbo legal a unas 18.000 parejas que se casaron en los seis meses que estuvo en vigencia la ley.

Los opositores a la "Proposición 8" argumentarán que es inválida porque aquella iniciativa sólo podía provocar una revisión de la Constitución de California y en ningún momento una enmienda.

Para enmendar la Constitución se requiere de la aprobación de dos tercios de los congresistas estatales antes de ser sometida nuevamente a votación popular.

Entre los líderes del equipo legal que puja por la invalidación de la "Proposición 8" figura Shannon Minter, director legal del Centro Nacional por el Derecho de las Lesbianas, con sede en San Francisco.

Minter, un transexual que vivió 35 años como mujer y hoy en día está casado gracias a que la ley californiana permite el matrimonio de transexuales, fue uno de los abogados principales que el año pasado defendió el caso en la corte de California que conllevó a levantar la prohibición del matrimonio homosexual del año 2000.

Los defensores de la "Proposición 8" estarán representados este jueves, entre otras figuras, por Ken Starr, el consejero independiente que se hizo famoso por investigar al ex presidente Bill Clinton en el escándalo con la pasante de la Casa Blanca Monica Lewinsky.

"La gente en última instancia decidió. Bajo nuestro sistema de gobierno constitucional, ese es el fin del asunto", dijo en un informe a la corte Starr.

El Fiscal General de California, Edmund Brown Jr. hizo un nuevo llamado el martes a la Corte Suprema para que invalide "la Proposición 8 porque es inconstitucional discriminar a parejas del mismo sexo y porque les priva del derecho fundamental a contraer matrimonio", dijo en San Francisco.

El fiscal comparó este "dilema" con otro caso presentado en California en 1964, cuando 65% de los electores aprobaron la "Proposición 14", que pretendía legalizar la discriminación racial para la venta o alquiler de casas.

En aquella oportunidad tanto "la Corte Suprema de Estados Unidos (federal) como la de California detuvieron esta propuesta, concluyendo que constituía una negación de derechos inconstitucional", explicó Brown en su comparación.

Para el fiscal "este caso toca el corazón de nuestra democracia y presenta cuestionamientos profundos: ¿Puede una simple mayoría de votantes echar por tierra un derecho inalienable a través del proceso de iniciativas?", se preguntó.